Rueda de prensa en Washington durante el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses (Foto: Instagram)
El 30 de diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través del Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluyó en su lista de sanciones a diez personas y empresas con sede en Irán y Venezuela por facilitar “la proliferación agresiva e imprudente de armas letales” mediante el comercio de vehículos aéreos no tripulados (drones). Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional SA (EANSA) de Caracas y su presidente, José Jesús Urdaneta González, acusados de coordinar la producción y adquisición de drones iraníes.
Las entidades apuntadas verán bloqueados sus bienes en territorio estadounidense y quedarán vetadas de realizar transacciones con compañías o instituciones bajo jurisdicción de EE. UU. Esta medida refuerza la política de “presión máxima” que el presidente Donald Trump reactivó contra Irán para obstaculizar su programa nuclear, al tiempo que agrava el cerco económico aplicado contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Washington justifica estas sanciones por la presunta financiación del narcotráfico y la falta de legitimidad democrática del régimen chavista, así como por el apoyo mutuo de ambos países en el mercado de armamento no tripulado.
