El presidente de Venezuela, durante un encendido discurso de defensa de la soberanía nacional. (Foto: Instagram)
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad y con carácter de urgencia una nueva ley que protege la libertad de navegación y comercio frente a actos de piratería, bloqueos y otras actividades ilícitas internacionales. Esta legislación, compuesta por dos capítulos y trece artículos, contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes promuevan o colaboren con este tipo de acciones, incluyendo a personas físicas, jurídicas y extranjeras.
La medida surge en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos. Según el parlamento venezolano, el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su presión sobre Venezuela durante los últimos cuatro meses, utilizando como pretexto la lucha contra el narcotráfico para justificar operaciones militares en el Caribe. Entre las acciones denunciadas se encuentran bloqueos unilaterales del espacio aéreo y marítimo, así como la interceptación de navíos mercantes.
El presidente Trump confirmó recientemente la interceptación de un tercer buque petrolero relacionado con Venezuela en apenas diez días. En total, Estados Unidos ha confiscado 1,9 millones de barriles de petróleo, valorados en aproximadamente 125 millones de euros, que ahora están bajo control norteamericano.
El diputado venezolano José Gregorio Correa criticó el silencio de las organizaciones internacionales ante estas acciones y llamó a la unidad nacional más allá de las diferencias políticas. “La defensa de la nación es una cuestión que trasciende al gobierno”, afirmó, comparando las incautaciones estadounidenses con un allanamiento doméstico ilegal.
La ley se fundamenta en tratados internacionales ratificados por Venezuela, como la Convención de Ginebra sobre el Alto Mar (1958), la Convención para la Supresión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima (1988) y la Carta de las Naciones Unidas. Con esta normativa, el gobierno venezolano busca reforzar su soberanía frente a lo que considera una ofensiva extranjera contra su economía y seguridad marítima.
