Nicolás Maduro anuncia ruptura energética con Trinidad y Tobago en un acto público. (Foto: Instagram)
La crisis en el Caribe se intensifica tras el anuncio del gobierno de Nicolás Maduro de suspender de forma inmediata todos los contratos y acuerdos de suministro de gas natural con Trinidad y Tobago. La medida fue tomada después de que Venezuela acusara al país vecino de colaborar con Estados Unidos en la reciente incautación de un buque petrolero venezolano en sus costas.
Desde 2023, ambos países mantenían un acuerdo de cooperación energética en el que Venezuela enviaba gas natural a Trinidad y Tobago, donde se procesaba y se devolvía en forma de gas natural licuado (GNL). Esta relación comercial, beneficiosa para ambas naciones, ha sido abruptamente interrumpida en medio de tensiones geopolíticas.
Según el comunicado oficial del gobierno venezolano, la ruptura del acuerdo es una respuesta directa a lo que califican como un intento de “robo vulgar” del petróleo venezolano, llevado a cabo con el apoyo de Trinidad y Tobago a la ofensiva liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La situación se agrava con la llegada al poder de Kamla Persad-Bissessar como primera ministra de Trinidad y Tobago en abril de este año. Desde entonces, Maduro acusa al nuevo gobierno de alinearse con las políticas estadounidenses en la región, incluyendo la participación en ejercicios militares conjuntos con tropas norteamericanas.
A pesar de que Washington justifica su presencia militar en el Caribe como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico, Venezuela interpreta estas acciones como una amenaza directa. Las tensiones han escalado aún más desde que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, clasificó al cartel de Los Soles —presuntamente dirigido por Maduro— como una organización terrorista internacional.
La ruptura del acuerdo energético podría tener consecuencias económicas significativas para ambos países. En el contexto actual del mercado energético, el valor del gas natural exportado podría estimarse en decenas de millones de euros anuales, que ahora quedarán en suspenso.
