El reflejo del caos: manifestantes avanzan entre los destrozos tras el asalto a las instituciones en Brasilia, el 8 de enero de 2023. (Foto: Instagram)
La Justicia argentina ha comenzado este miércoles 3 de diciembre el juicio para decidir sobre la extradición de cinco ciudadanos brasileños condenados por su participación en los ataques antidemocráticos del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Los implicados —Ana Paula de Souza, Wellington Firmino, Rodrigo de Freitas, Joelton Gusmão Oliveira y Joel Borges Corrêa— fueron arrestados en Argentina a finales de 2024 tras haber huido del país durante el proceso judicial en Brasil.
Los cinco fueron condenados por el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño a más de 14 años de prisión por delitos como la abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, destrucción de patrimonio protegido y asociación criminal armada.
El juez Daniel Rafecas, de la 3ª Vara Federal de Buenos Aires, es el encargado de evaluar el pedido de extradición solicitado por el ministro del STF, Alexandre de Moraes. Durante la audiencia, se escucharán los argumentos de la defensa de los acusados, del fiscal argentino y de los abogados de la Advocacia Geral da União (AGU), que representan al Estado brasileño.
Cabe destacar que el juez argentino no juzgará los crímenes cometidos, sino que analizará si estos tienen equivalencia en el Código Penal argentino y si se cumplen los requisitos del tratado de extradición entre ambos países. Tras escuchar a las partes, Rafecas tendrá tres días hábiles para emitir su decisión. Tanto los acusados como el gobierno brasileño podrán recurrir ante la Corte Suprema de Argentina si no están conformes con el fallo.
Inicialmente, los acusados intentaron evitar la extradición solicitando refugio en Argentina. Sin embargo, una reforma legal aprobada en octubre de 2024 impide conceder asilo a personas condenadas por delitos graves, como terrorismo o violaciones de derechos humanos. Esta modificación permitió al gobierno argentino avanzar en la cooperación con Brasil y enviar en junio una lista al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño con los nombres de los solicitantes de refugio.
