Polémica en Pernambuco por cámaras de vigilancia en comisarías sin autorización judicial. (Foto: Instagram)
El Sindicato de Policías Civiles de Pernambuco (Sinpol-PE) ha denunciado al Gobierno estatal por presuntamente instalar cámaras de vigilancia de forma clandestina en diversas comisarías. Según el sindicato, los dispositivos fueron colocados sin autorización judicial por la Secretaría de Defensa Social (SDS), lo que vulnera derechos fundamentales, compromete investigaciones y convierte el entorno policial en un espacio de vigilancia política.
La Policía Civil de Pernambuco ha negado cualquier irregularidad, asegurando que todos los dispositivos están ubicados en lugares visibles y accesibles, cumpliendo con los protocolos institucionales. Además, la corporación afirma que los proyectos tecnológicos en curso, como el “Cartórios do Plantão Digital” y “Segurança Orgânica”, tienen como objetivo modernizar la infraestructura y proteger tanto a los agentes como a los ciudadanos.
El diputado estatal Romero Albuquerque (União-PE) exigió explicaciones al Gobierno sobre la instalación de estos equipos, cuestionando quién tiene acceso a las grabaciones, si existe autorización judicial, la finalidad del monitoreo y la lista completa de comisarías afectadas. También subrayó que no se puede permitir que el aparato estatal se utilice con fines políticos o intimidatorios.
El Sinpol, por su parte, aclaró que no se opone al uso de sistemas de grabación institucionales siempre que se implementen de manera transparente, legal y en espacios técnicos como las salas de declaración. No obstante, exige la retirada inmediata de las escuchas ilegales, la garantía del secreto en las investigaciones y la protección de las comunicaciones entre abogados y clientes. Además, pide que se responsabilice a los gestores implicados.
La Secretaría de Defensa Social y el Ministerio Público de Pernambuco no han respondido aún a las solicitudes de aclaración por parte de la prensa. El sindicato insiste en la necesidad de transparencia y respeto a los derechos fundamentales en el ejercicio de las funciones policiales.
