Jeffrey Epstein y los documentos desclasificados: una nueva tormenta política sacude Washington. (Foto: Instagram)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sancionado una nueva ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos relacionados con el caso del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. La legislación, aprobada con una abrumadora mayoría bipartidista en el Congreso (427 votos a favor frente a 1 en la Cámara y unanimidad en el Senado), establece un plazo de 30 días para la publicación de los archivos, salvo excepciones legales.
Sin embargo, la apertura de una nueva investigación por parte del gobierno de Trump ha generado sospechas sobre una posible estrategia para retrasar o censurar partes sensibles de los documentos. La fiscal general Pam Bondi confirmó haber solicitado la investigación poco después de que Trump exigiera medidas contra demócratas y entidades financieras vinculadas al caso.
Hasta ahora, se han hecho públicos más de 20.000 documentos y correos electrónicos del patrimonio de Epstein, que incluyen menciones directas a Trump. En estos, Epstein lo tilda de “completo maluco” y afirma tener fotos comprometedoras del presidente con mujeres en bikini. También asegura, sin pruebas, que una exnovia suya fue “pasada a Donald” en los años 90. La Casa Blanca ha respondido que los documentos “no prueban absolutamente nada”.
Los archivos también mencionan a figuras brasileñas como Lula da Silva y Jair Bolsonaro. En un correo de 2018, Epstein afirma que Noam Chomsky le puso en contacto con Lula desde la prisión. La presidencia brasileña ha negado cualquier vínculo entre Lula y Epstein.
El impacto político ha sido inmediato. La publicación de los documentos ha causado la dimisión de Larry Summers del consejo de la OpenAI y ha puesto en entredicho a la congresista demócrata Stacey Plaskett. Dentro del Partido Republicano, figuras como Marjorie Taylor Greene exigen transparencia total, mientras que otros intentan proteger a Trump. Encuestas recientes muestran que el 74% de los adultos estadounidenses desaprueban la gestión del presidente en este asunto.
