La ejecución de Stephen Bryant en Carolina del Sur ha reavivado el debate sobre el uso del pelotón de fusilamiento como método de pena capital en Estados Unidos, una práctica que había sido abandonada durante aproximadamente 15 años. En 2025, el estado ha retomado esta forma de ejecución, siendo responsable ya de tres casos en lo que va de año.
Bryant, de 44 años, pasó 21 años en prisión tras ser condenado por tres asesinatos cometidos en octubre de 2004, mientras se encontraba en libertad condicional por un delito de allanamiento de morada. Las víctimas fueron Clifton Gainey, Christopher Burgess y Willard Tietjen. Un cuarto hombre, Clinton Brown, sobrevivió al ataque tras recibir varios disparos.
El crimen más impactante fue el de Tietjen, a quien Bryant engañó para que abriera la puerta de su casa bajo el pretexto de que su camión se había averiado. Tras horas de conversación, le disparó nueve veces y dejó un mensaje escrito con su sangre: “Víctima 4 en 2 semanas. Atrápenme si pueden”.
La defensa argumentó que Bryant sufría trastornos genéticos y traumas infantiles, agravados por el consumo de alcohol de su madre durante el embarazo, lo que habría afectado su capacidad cognitiva. Según su abogado, Bo King, sus recuerdos traumáticos lo hacían incapaz de controlar su comportamiento.
Bryant eligió el fusilamiento como método de ejecución, una opción legal en Carolina del Sur junto con la inyección letal y la silla eléctrica. El 14 de noviembre, tras una última comida compuesta por mariscos y pastel de chocolate, fue ejecutado por tres agentes penitenciarios sin emitir declaraciones finales.
Con esta ejecución, Bryant se convierte en el tercer recluso ejecutado por fusilamiento en Estados Unidos en 2025, después de Brad Sigmon en marzo y Mikal Mahdi en abril. Aunque se considera un método rápido, genera controversia por su brutalidad visual. En el caso de Mahdi, se cuestionó la precisión de los disparos, pero las autoridades penitenciarias negaron cualquier error.
La reintroducción del fusilamiento durante el mandato del presidente Donald Trump ha generado un renovado debate sobre la ética y eficacia de los métodos de ejecución en el país.
