Ivana Nikoline Brønlund, joven de 18 años y natural de Groenlandia, vio cómo las autoridades danesas le retiraban a su hija de los brazos apenas una hora después del parto. La justificación fue haber suspendido una prueba de “competencia parental”, pese a que Dinamarca aprobó una ley que prohíbe este tipo de evaluación para personas de origen groenlandés, por considerarla discriminatoria.
La madre compartió su dolor en redes sociales, relatando que Aviaja-Luuna, su hija, fue apartada del entorno familiar y del cariño de personas cercanas, como la abuela, el tío y una amiga íntima. En uno de sus desahogos, Ivana describió la pérdida como el momento más impactante de su vida, diciendo que incluso el olor de su hija, guardado en una manta, desapareció con el tiempo.
En otra publicación, expresó su sufrimiento al afirmar que, aunque tiene plena capacidad para cuidar de su hija, fue evaluada por una única psicóloga. Ivana, que ya integró selecciones juveniles de balonmano de Groenlandia, también denunció la ausencia de apoyo psicológico, pese a promesas de asistencia. Según ella, el ayuntamiento no puso a disposición profesionales especializados, recomendando únicamente el contacto con matronas o enfermeras.
Las pruebas de competencia parental, conocidas como FKU, fueron prohibidas a comienzos de año para ciudadanos de origen groenlandés, tras críticas de que eran culturalmente inadecuadas para los inuit. A pesar de ello, el ayuntamiento alegó que Ivana “no era suficientemente groenlandesa” para beneficiarse de la nueva legislación —pese a haber nacido en Groenlandia y ser hija de padres groenlandeses—. La decisión también habría estado influida por traumas familiares, como los antecedentes de abuso sexual de su padre adoptivo, actualmente en prisión.
La situación generó indignación y protestas en Groenlandia, con manifestaciones previstas en ciudades como Nuuk, Copenhague, Reikiavik y Belfast. Actualmente, Ivana puede visitar a su hija solo dos veces al mes, bajo supervisión, durante un período de dos horas. El recurso contra la decisión será analizado el 16 de septiembre. La ministra danesa de Asuntos Sociales, Sophie Hæstorp Andersen, expresó su preocupación por el caso y exigió explicaciones al municipio responsable.
