Thomas Allen McCartney, un hombre del estado de Luisiana, Estados Unidos, se ha convertido en el primer condenado en aceptar una sentencia judicial que incluye la castración física y química, además de una pena de 40 años de prisión. Esta decisión se enmarca en la aplicación de una nueva ley estatal que permite la castración quirúrgica como castigo para delincuentes sexuales condenados por delitos contra menores de 13 años.
El caso que llevó a esta sentencia ocurrió en 2023, cuando McCartney fue sorprendido manteniendo contacto sexual con una niña de siete años. Fue acusado de intento de violación en primer grado. Durante el juicio, se reveló que tenía antecedentes por delitos similares, incluyendo una condena por violación agravada en 2011 y detenciones anteriores en 2006 y 2010 por abuso infantil.
La nueva legislación, promovida por la parlamentaria estatal Delisha Boyd y firmada por el gobernador Jeff Landry, convierte a Luisiana en el primer estado de EE.UU. en permitir la castración quirúrgica como parte de una sentencia judicial. Este procedimiento implica la extirpación de los testículos, con el objetivo de reducir drásticamente la libido mediante la supresión de la producción hormonal. La castración química, que emplea medicamentos para conseguir un efecto similar, ya se aplicaba en otros estados.
La ejecución de la castración quirúrgica está sujeta a la decisión del juez y a una evaluación médica que certifique que el condenado es apto para someterse al procedimiento. Si el reo se niega a la cirugía, su pena puede ser aumentada sin posibilidad de libertad condicional. La ley establece que esta medida no puede aplicarse a personas menores de 17 años.
La sentencia ha generado un intenso debate. Mientras que algunos sectores, como la Fiscalía de Vernon Parish, consideran que McCartney representa una amenaza continua y que la medida es necesaria para proteger a la comunidad, otros, como la abogada criminalista Gwyneth O’Neill, denuncian la castración quirúrgica como una forma de mutilación y castigo cruel, que podría vulnerar derechos constitucionales.
