En un gesto sin precedentes que marca un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas, el gobierno colombiano ha cerrado su espacio aéreo a las aeronaves militares estadounidenses que transportaban ciudadanos deportados, alineándose con la postura brasileña en defensa de un trato humanitario para los migrantes.
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La decisión, anunciada por el presidente Gustavo Petro, llegó acompañada de un recordatorio significativo: más de 15,000 ciudadanos estadounidenses residen de manera irregular en territorio colombiano, enfatizando la naturaleza bidireccional del fenómeno migratorio.
“La criminalización de la migración no tiene cabida en nuestra política de Estado”, declaró Petro a través de la plataforma X, en lo que representa un desafío directo a las políticas migratorias de la administración Trump. El mandatario colombiano condicionó la recepción de deportados a la utilización exclusiva de vuelos civiles y al cumplimiento de protocolos de trato digno.
La determinación de Colombia surge en un momento de creciente tensión regional por las políticas migratorias estadounidenses, especialmente tras reportes de trato degradante a deportados brasileños, quienes denunciaron haber viajado esposados y en condiciones inhumanas.
