La Casa Blanca dio un giro radical en su política migratoria este lunes 20 de enero con la firma de un polémico decreto ejecutivo por parte del presidente Trump. La nueva normativa supone un desafío directo al principio de ciudadanía por nacimiento, negando este derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense. Esta controvertida interpretación de la 14ª Enmienda constitucional establece que el mero hecho de nacer en suelo americano ya no será suficiente para obtener la nacionalidad si los progenitores carecen de residencia legal permanente.
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La medida representa un ataque frontal a uno de los principios fundamentales del derecho constitucional estadounidense: la 14ª Enmienda, que ha otorgado automáticamente la ciudadanía a toda persona nacida en el país desde su ratificación en 1868. Los expertos anticipan una ardua batalla legal, dado el arraigo histórico de este derecho en la jurisprudencia nacional.
El alcance del decreto ejecutivo establece criterios específicos que excluyen de la ciudadanía automática a tres grupos principales:
- Los nacidos de madres en situación administrativa irregular
- Los descendientes de progenitores sin ciudadanía estadounidense o green card vigente
- Los bebés de mujeres con estancia temporal en suelo americano
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La implementación de esta nueva normativa contempla un plazo máximo de 30 días para que los organismos federales cesen la emisión de documentos de ciudadanía en los casos afectados.
En su ceremonia inaugural, el mandatario delineó una estrategia integral para endurecer la vigilancia fronteriza y frenar los flujos migratorios. Entre sus anuncios más significativos destaca la declaración de estado de emergencia en la franja limítrofe con México, junto con un plan de refuerzo de la presencia castrense en la zona.
El paquete de medidas migratorias incluye iniciativas adicionales de gran calado:
- La suspensión del protocolo “catch and release”, eliminando la liberación provisional de migrantes durante el proceso de asilo
- El restablecimiento del programa “Remain in Mexico”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano
- Una nueva catalogación de los cárteles como entidades terroristas
- La ampliación de las barreras físicas en la línea fronteriza
Esta decisión ejecutiva no solo desmantela las políticas migratorias de la administración Biden, sino que marca un retorno al enfoque restrictivo característico del primer período de Trump. No obstante, la comunidad jurídica anticipa una férrea oposición tanto en el ámbito legislativo como judicial, augurando un intenso debate nacional sobre garantías constitucionales y derechos humanos en el contexto migratorio estadounidense.
