El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado un ambicioso paquete de medidas destinadas a mitigar la crisis inmobiliaria que afecta al país. Entre las propuestas destaca un polémico impuesto de hasta el 100% sobre la compra de propiedades por parte de compradores no pertenecientes a la Unión Europea.
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Una crisis de vivienda en el centro del debate
Durante un evento en Madrid, Sánchez explicó el trasfondo de estas medidas: “Sobran Airbnb y faltan viviendas. Solo en 2023, los no residentes de fuera de la UE adquirieron 27.000 casas en España, principalmente con fines especulativos. En el contexto de escasez que vivimos, esto es insostenible”.
El nuevo impuesto, que afectaría principalmente a compradores británicos y estadounidenses, se posiciona como un gravamen significativamente más alto que los vigentes en la actualidad. La medida busca desalentar la compra de propiedades como inversión, priorizando su disponibilidad para los residentes locales.
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Restricciones al alquiler turístico
Además del impuesto sobre compradores extranjeros, el plan de Sánchez propone aumentar los impuestos a los propietarios que alquilan apartamentos para estancias cortas, como los ofrecidos en plataformas turísticas. “Estas propiedades deben tributar como lo que son: un negocio”, afirmó el presidente.
Los alquileres turísticos han proliferado en regiones clave, como las costas mediterránea y atlántica, así como en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, intensificando la competencia por viviendas en un mercado ya saturado.
Críticas y escepticismo
Sin embargo, el anuncio ha suscitado reacciones mixtas. Gilmar, una de las principales inmobiliarias españolas, expresó dudas sobre el impacto de las medidas. En un comunicado, afirmó que “el tipo de propiedades adquiridas por compradores extracomunitarios no coincide con las viviendas necesarias para resolver esta crisis. Esta medida es más un gesto político que una solución real”.
El plan también podría enfrentar desafíos en el Parlamento. Con un Gobierno en minoría, Sánchez aún no ha logrado asegurar la aprobación del presupuesto de 2025, lo que podría complicar la implementación de estas políticas. Aunque su socio de coalición, el partido de izquierdas Sumar, respaldó las propuestas, destacó que son insuficientes. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y destacado miembro de Sumar, afirmó que buscan “ir más allá” en la regulación del mercado inmobiliario.
Iniciativas complementarias
Paralelamente, el Gobierno ya ha comenzado a tomar medidas para aumentar la oferta de viviendas. Entre estas, destaca la creación de un organismo público encargado de gestionar 3.300 viviendas y dos millones de metros cuadrados de terrenos destinados a nuevos desarrollos habitacionales, según un comunicado oficial.
